Propietarios desalojados de un edificio de Miami continúan su batalla legal contra la pérdida de los títulos de sus casas ante un influyente constructor de torres de lujo que presuntamente adquirió su codiciado condominio con vistas al mar, torciendo la ley, en el país donde la propiedad privada es un derecho fundamental y alertan que su experiencia podría repetirse en otros miles de propietarios de condominios en el sur de Florida ante la escasez de terrenos disponibles para construir.
Angélica Ávila, Nicolás Bello, María Beatriz Gutiérrez, Franah Vazir Marino, Robert H. Murphy, Jeffrey Ulman, Shari Ulman, Lázaro Fraga, Jacqueline S. Fraga y George García, todos dueños de unidades del condominio Biscayne 21, ubicado en 2121 N. Bayshore Drive en el condado de Miami-Dade, están librando su batalla legal a los tribunales. Alegan que una supuesta trama trabajó meticulosamente, de manera coordinada, por casi 10 años, con el fin de tomar el control del condominio, forzar a los propietarios a vender sus unidades, para demoler el edificio y reemplazarlo por una torre de lujo. Esta suculenta operación inmobiliaria se estima que podría generar miles de millones de dólares.

Two Road Development (TRD) pagó 150 millones de dólares por la mayor parte de este edificio de 13 plantas y de 192 unidades, construido en 1964 en un terreno de 3.5 acres frente a la Bahía de Biscayne. En ese lugar, TRD planea construir EDITION Residences, un condominio de lujo de 55 pisos, con un precio de inicio en las unidades más pequeñas de 1.7 millones de dólares.
Según la demanda de los propietarios, entre 2015 y 2021, un grupo de inversionistas, utilizando varias corporaciones como HUS LLC, Draumalod LLC y 2121 Bayshore LLC, adquirió aproximadamente un tercio de las unidades del condominio. Detrás de estas corporaciones, un nombre se repite: Bragi Sigurdsson, un corredor de bienes raíces de lujo de Miami.
“En 2017, Sigurdsson se convirtió en miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios, cargo que ocupó hasta que presentó su renuncia el 19 de mayo de 2022, cuando Two Roads asumió formalmente el control de la Junta como parte del plan para disolver -terminar- el Condominio”, afirma en su argumento la demanda.

El inicio
Fraga, propietaria desde 1987 de una unidad del condominio y experimentada agente inmobiliario, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS que comenzó a notar actividades sospechosas en 2017, cuando empezó a recibir múltiples llamadas de personas interesadas en comprar su unidad. “Quienes llamaban decían tener un inversionista dispuesto a pagar lo que fuera”. Sin embargo, Fraga les dejó claro que no tenía intención de vender porque “ese era el apartamento donde pensaba retirarse”.
Acoso a los propietarios
A medida que el proceso continuaba, algunos propietarios comenzaron a sufrir acoso, les tocaban en las puertas o les enviaban mensajes de texto donde les advertían que iban a perderlo todo si no vendían. La mayoría de los propietarios del edificio eran personas mayores y muchos no tenías conocimiento de que tendrían que mudarse de la propiedad. Finalmente, los inversionistas lograron que casi 170 dueños firmaran la autorización de venta de sus unidades. Así TRD se hizo un contrato de compra al por mayor de 104 unidades.
Fraga explicó que cuando TRD adquirió ese número de unidades se convirtió en mayorista y ya estaba a un paso del poder comenzar la Disolución del Condominio. Pero tenía otro obstáculo delante, la Constitución del condominio, no incluía la Enmienda Kaufman, necesaria para modificar la propia Constitución.
“La Declaración de nuestro condominio planteaba que, para Terminar – Disolver- la Asociación era necesario el voto unánime de los propietarios”.
Los políticos de Miami
“Yo fui a la oficina del tasador y pregunté cómo hicieron con los bancos, porque algunas de las propiedades tienen el gravamen de sus hipotecas. Se supone que antes de derrumbar un edificio y de firmar todos esos documentos, ustedes deban tener una autorización y buscar si existe algún gravamen”, contó Fraga quien reconoció que también habló con la alcaldesa Daniella Levine-Cava.
Fraga se pregunta: ¿cómo es posible eliminar los folios de una propiedad sin revisar la validez de una transacción?
“Nosotros ahora estamos demandando a la Ciudad de Miami y a TRD para demostrar que esa gente se ha apoderado de nuestra propiedad de manera “errónea”.
Ellos -TRD- sostienen que tenemos un cheque de 430.000 dólares por nuestras unidades. Ese es el valor que ellos le pusieron a mi unidad. El que les dio la gana. Sin embargo, ellos no pueden pagarme por mi propiedad lo que les dé la gana. Primeramente, yo no la quería vender. Además, si estuviera obligada a vender, como supuestamente es lo que ha pasado, tendríamos que llegar a un acuerdo. No me pueden obligar y encima darme por mi unidad lo que te dé la gana”, insistió muy molesta Fraga.
A la pregunta de si ellos habían acudido al alcalde Francis Suárez o a la Oficina de la Fiscal Federal Estatal Katherine Fernández Rundle, Fraga respondió mostrando varios mensajes donde le explica al alcalde Suárez lo que está pasando con su condominio. “El alcalde nunca contestó”.