Recientemente, la comisión de la Ciudad de Miami Beach aprobó una ordenanza que ha generado una gran polemica al prohibir, bajo pena de arresto, el acampar o dormir en espacios públicos de la Ciudad Balneario, lo que muchos consideran un ataque a las personas sinhogar, los individuos más vulnerables de la sociedad.
La ordenanza polémica
La nueva ordenanza, aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra, prohíbe acampar en toda propiedad pública «si no está autorizado específicamente por la autoridad gubernamental correspondiente”.
La norma local considera sospechoso de acampar a “quien esté dentro de una tienda de campaña, saco de dormir o durmiendo encima o cubierto por materiales como cartón o periódicos o dentro de algún refugio temporal», establece en su texto la ordenanza.
«Si un oficial de policía u otro funcionario autorizado encuentra a una persona que está acampando y esta dice voluntariamente que no tiene hogar u otro refugio permanente, se le debe dar la oportunidad de ingresar voluntariamente a un refugio para personas sin hogar». Si se niega, puede ser arrestado.
El comisionado Fernández explicó que a los funcionarios electos «nos toca preservar la dignidad de cada ser humano. No es justo que ningún ser humano esté durmiendo expuesto a la mugre, a enfermedades, a ser víctima de un delito, cuando existen lugares más dignos donde pueda estar.
Por otra parte, «también nos toca preservar la dignidad de nuestros residentes. Tampoco es justo que, para ellos, salir de sus casas a disfrutar de este paraíso que tenemos en Miami Beach, tengan que estar expuestos a personas orinando, defecando, bañándose desnudos en público, cuando existe un lugar más digno para que esas personas puedan llevar a cabo sus actividades y sus vidas”.
Audiencia pública en Miami Beach
Durante la audiencia pública en la que se aprobó la ordenanza, los residentes expresaron su apoyo y oposición a la nueva norma.
Uno de los que intervino en contra de la ordenanza fue Alan Levine, abogado especializado en Derechos Civiles, quien dijo:
«Deberíamos ser honestos sobre lo que está pasando aquí. Se trata de deshacerse de las personas desagradables. Deberíamos recordar que no hace mucho tiempo Miami Beach consideraba antiestético a los judíos y a la gente de color”.
Más adelante, Levine dijo que no se trata de seguridad, ya que no existe ninguna evidencia de que las personas sin hogar sean una amenaza pública, como afirmó la comisionada Kristen Rosen González.
«Existen más probabilidades de que una persona sin hogar sea vulnerable de sufrir una actividad delictiva, de que ella la cometa”.
Jenneva Clauss, otra de las residentes que afirmó haber trabajado en el sistema carcelario, dijo que es inhumano arrestar a personas simplemente por existir.
«No hay refugios disponibles en Miami Beach para que la gente vaya. La ordenanza los está enviando fuera de la ciudad y eso no es tratarlos con amabilidad”, definió.
«Habiendo trabajado en cárceles, considero que esa no es en absoluto una opción de tratamiento. Todo lo contrario, a menudo exacerba el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de salud mental. No es en absoluto una forma de tratarlos», subrayó Clauss.
Christ Piña fue otro de los residentes que se manifestó en contra de la ordenanza. Afirmó que es más barato y eficaz construir viviendas asequibles que enviarlos a la cárcel. Además, considera que condicionar la aceptación de un refugio para evitar el arresto es un asalto a las libertades civiles.
“Mientras se propone esta ley mientras prohíben que operen refugios dentro de la ciudad”.
Otros participantes pidieron que los recursos destinados a encarcelar a las personas o enviarlas a albergues poco seguros se destinen a la construcción de viviendas asequibles en la playa. «Si alguien ve las condiciones de esos refugios, entendería por qué la gente se niega a ir allí. No son seguros”.
Los comisionados se posicionan
Para el comisionado Steven Meiner, es necesario observar lo que está sucediendo en San Francisco y Los Ángeles, donde la delincuencia se ha disparado. Aunque Miami Beach no se encuentra en ese nivel, es fundamental evitar que se alcance esa situación.
El comisionado Ricky Arriola reconoció que existe una crisis de personas desamparadas. «Lo peor está por venir”, advirtió.
«Pero arrestar a la gente por no tener hogar no es la solución. Crear una nueva categoría de delito que es básicamente ser indigente no es la solución”.
Según Arriola, en la ciudad existen muchas leyes que describen lo que constituye un delito, como beber en público, consumir drogas o participar en altercados; sin embargo, estar sin hogar no es un delito. Insistió y preguntó: ¿cómo abordaremos la falta de viviendas asequibles?
Más adelante se refirió a que muchas de las personas que están sin hogar trabajan, pero simplemente ya no pueden permitirse una vivienda.
«Debemos tomar en serio cómo financiaremos los servicios sociales y los refugios que necesitan… En la ciudad, debemos analizar cuán restrictivas son nuestras regulaciones del uso del suelo. Simplemente no tenemos suficiente oferta de viviendas.
Algo que estamos haciendo deliberadamente restrictivo para que los precios de las viviendas suban. Los votantes están contentos y seguimos siendo reelegidos. Pero la realidad es que tenemos que aumentar la oferta si queremos abordar la crisis de asequibilidad”.
Tenemos falta de viviendas, falta de asequibilidad y, además, restringimos la construcción de viviendas, indicó Arriola.