La Comisión de la Ciudad de Miami Beach dio luz verde inicial a una ordenanza, conocida como la “Prohibición de personas sin hogar”, que abre una controversia al permitir la detención de las personas sin hogar si declinan ir a un refugio, eliminando la necesidad de previa advertencia policial antes de realizar el arresto por dormir en lugares públicos. Esta acción ha generado una seria discrepancia entre la comunidad, grupos defensores y expertos legales.
En vista de esta ordenanza, críticos sostienen que se trata de una medida punitiva que castiga la falta de vivienda en lugar de abordar las causas profundas como pobreza, adicción y enfermedades mentales. Argumentan que la criminalización del indigente es un enfoque incorrecto, enfatizando sobre la necesidad de soluciones más comprensivas y humanitarias que incluyan atención de salud mental, terapia de adicción y oportunidades de trabajo.
Un aspecto importante de disentimiento radica en la propuesta de albergar a las personas sin hogar en refugios, tema que aliña el debate con inquietudes sobre capacidad, seguridad y restricciones personales en los refugios. Los expertos legales, por su parte, sostienen dudas sobre posibles implicaciones constitucionales de la ordenanza, como violaciones a las enmiendas octava y decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos, que protegen frente al castigo cruel e insual, y aseguran un debido proceso y protección igualitaria ante la ley.
La ordenanza obvia, según los críticos, un tema importante: la falta de vivienda asequible en Miami Beach. La aguda carencia de esta, sumada a los elevados costos de la vivienda, son señalados como catalizadores de la problemática de personas sin hogar. Sostienen que la falta de vivienda no es un problema aislado, sino parte de una complejidad multifacética que requiere soluciones integrales.
La propuesta que persigue subyugar a las personas sin hogar con medidas legales podría tener consecuencias dañinas que ahondarían en el problema, como propulsar a las personas hacia un ciclo más profundo de indigencia y dificultar la recepción de asistencia, argumentan los críticos.
En contraposición a la ordenanza, los defensores sugieren abordar la falta de vivienda con un enfoque inclusivo de servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y oportunidades laborales. Agregan que la falta de avances significativos en incrementar la vivienda asequible durante la última década es una deficiencia que la ordenanza no aborda.