Siempre hay maneras de saltar los muros de la censura sin dejar «evidencia» mediante sutiles mecanismos como la ironía, sobre todo en Internet. Aunque Cuba está a las puertas de un nuevo Código de las Familias que en la región ya es visto como “de avanzada”, la aparente normalidad con que transcurre la vida es trastocada cada vez que se reporta un corte de interneto una disminución sustancial de las conexiones desde la isla. No resulta ilógico suponer que cuando eso ocurre hay detrás alguna noticia que La Habana necesita silenciar aunque recurra a la violación de derechos. En la madrugada del 28 de julio, dos días tras la rimbombante celebración del 69 aniversario del asalto a dos cuarteles en época de Batista, Cuba experimentó una “interrupción parcial de Internet” de acuerdo con la red Netblocks, que mide tráfico y detecta problemáticas de este tipo.
Estos cortes de Internet en el contexto de protestas ciudadanas se suman a una lista previa de violaciones de derechos digitales, hasta llegar al mayor corte de este servicio en Cuba, en la semana del estallido social de julio (11J). Se trata de la solución más drástica entre los mecanismos de censura aplicados por el régimen en relación con la violación de los derechos digitales. Antes de recurrir a esta práctica radical, ha acudido al hackeo de cuentas y la suplantación de identidad en redes sociales de activistas y periodistas; el ciberacoso; el bloqueo de sitios web en tiempos en que la conexión a Internet desde Cuba era exclusivamente institucional. En ese momento ya estaban bloqueados medios de prensa extranjeros, blogs cubanos, y páginas de clasificados como Revolico y para acceder a estos se requería de proxy para lograr conexiones anónimas.
Multas y hasta cárcel
Más recientemente, con la apertura gradual de conexiones no institucionales (primero desde puntos de acceso colectivo a WI-FI, luego mediante datos móviles), el gobierno perfeccionó sus mecanismos de censura mediante la puesta en marcha del Decreto Ley 370 (Sobre la informatización de la sociedad en Cuba), que sanciona la publicación de contenidos “contrarios al interés social, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Una recopilación de denuncias públicas de la plataforma independiente cubana Proyecto Inventario, expone casos de 52 cubanos multados sobre la base de este decreto (algunos en más de una ocasión) en los últimos dos años. La mayoría de ellos son periodistas y activistas por los derechos humanos.