El FBI ejecutó una orden de allanamiento éste lunes en el resort Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, en Palm Beach, Florida, confirmó el expresidente en un extenso comunicado. Las circunstancias del registro no están claras por el momento. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha estado investigando el hallazgo de cajas con información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago una vez concluida la presidencia de Trump. Una persona familiarizada con el asunto dijo a la agencia AP que la acción estaba relacionada con la investigación. El expresidente Donald Trump, dijo que su casa de Mar-a-Lago está “actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”. “Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su comunicado.
Trump no detalló por qué los agentes del FBI estaban en Mar-a-Lago, pero el expresidente dijo que la redada no fue anunciada y que “incluso irrumpieron en mi caja fuerte”. La acción marca una escalada dramática en el escrutinio policial de Trump y se produce cuando ha estado sentando las bases para hacer otra candidatura a la presidencia. La portavoz del Departamento de Justicia, Dena Iverson, se negó a comentar sobre la búsqueda, incluso si el fiscal general Merrick Garland había autorizado personalmente la búsqueda. El descubrimiento de información clasificada en Mar-a-Lago fue remitido al Departamento de Justicia por la Administración Nacional de Archivos y Registros, que dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia.
La ley federal prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados, aunque es posible que Trump intente argumentar que, como presidente, él era la máxima autoridad de desclasificación. Hay varios estatutos que rigen la información clasificada, incluida una ley punible con hasta cinco años de prisión que tipifica como delito eliminar dichos registros y conservarlos en un lugar no autorizado. Otro estatuto tipifica como delito el mal manejo de registros clasificados, ya sea intencionalmente o de manera gravemente negligente. Una investigación separada relacionada con los intentos de los aliados de Trump de revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal también se ha intensificado en Washington.