El confuso posicionamiento sobre una norma que restringe la discusión de la identidad sexual en las escuelas desató la ira de sus empleados LGBTQ y transformó a la compañía en el blanco de los republicanos. Los problemas comenzaron el 11 de enero pasado, cuando Joe Harding, un legislador republicano de la pequeña ciudad de Williston (Florida), presentó en la Cámara de Representantes del estado un proyecto conocido como Ley de Derechos de los Padres en la Educación. Esta ley, que llegó en medio de un intenso debate nacional sobre los baños sin género, la participación de los transexuales en los deportes escolares y los procedimientos médicos de “afirmación de género”, incluía esta línea: “Un distrito escolar no puede fomentar el debate en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de primaria o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo”.
El polémico proyecto rápidamente se transformó en el centro de debate y comenzó a hablarse de él como la ley estatal “no digas gay”, por su objetivo encubierto de restringir la discusión de la identidad sexual o de género en las escuelas primarias.
Es que hace casi 30 años, en 1995, la compañía se convirtió en una de las primeras empresas estadounidenses en ofrecer prestaciones sanitarias a las parejas del mismo sexo de sus empleados. La medida fue aclamada entonces como un gran momento en el movimiento de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos y un punto de inflexión en la imagen de la empresa.
Esa decisión, tomada en medio de fuertes críticas conservadoras que acusaban a la compañía de apoyar “valores antifamiliares”, inspiró décadas de lealtad entre el personal LGBTQ de la empresa. Pero esta vez, los responsables de Disney decidieron evitar tomar una posición pública sobre la controversial norma “No digas gay”, uno de los temas más divisivos de la política estadounidense.
“En poco tiempo han conseguido enfadar tanto a la izquierda como a la derecha”, analizó para el Financial Times un antiguo ejecutivo de Disney. “Esta vez se enfrenta a la que quizá sea la peor crisis de relaciones públicas de sus 100 años de historia, y ahora las críticas proceden de todo el espectro político”, afirma el medio. La reticencia inicial de Disney a pronunciarse contra el proyecto de ley, que el personal de sus parques temáticos de Orlando consideraba peligroso y discriminatorio, provocó incluso huelgas.
Pero cuando la empresa dio marcha atrás y condenó el proyecto de ley, se encontró en el punto de mira de la derecha…
Encabezados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los republicanos del estado -incluidos varios que habían aceptado contribuciones de campaña de Disney en el pasado y habían votado de forma fiable a favor de la legislación respaldada por la empresa- arremetieron contra la compañía.
(Fuente: Infobae)