Tras cinco largos años de abusos administrativos e investigaciones por corrupción, los propietarios de viviendas en The Hammcoks en el suroeste de Miami-Dade, vuelven a respirar y ahora depositan la esperanza en una propuesta de ley en Florida que regularía las asociaciones comunitarias, no sin antes preocuparse por los cambios que pueda tener antes de aprobada.
A diferencia de normas que rigen las asociaciones de condominios, las agrupaciones de propietarios de viviendas, que pueden abarcar zonas urbanas y velan por el mantenimiento de sus jardines y áreas de entretenimiento, carecen de regulaciones estatales que cuiden los intereses financieros de quienes las conforman.
Inspirado en lo que sucedió en The Hammocks, que cuenta con cerca de 60.000 vecinos, el representante estatal Juan Carlos Porras presentó en enero el Proyecto de la Ley HB 919 que, si es aprobado, criminalizaría el mal manejo de fondos comunitarios y obligaría a compartir registros financieros.
“Garantiza que los miembros de la junta sean penalmente responsables por cualquier daño monetario, incluida la malversación de fondos y el robo de dinero”, declaró Porras.
Por otro lado, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, señaló: “Hay administraciones ambiciosas o sin escrúpulos que se aprovechan de la falta de supervisión”. “A menudo ocultan su mala conducta al hacer que sea extraordinariamente difícil y costoso acceder y examinar cualquier registro de manera efectiva”, agregó.
Entonces, irónicamente, «los propietarios de viviendas generalmente se ven obligados a pagar abogados para acceder a la información a la que deberían tener derecho». Tal como fue presentada en enero, la proposición legislativa criminaliza el mal manejo administrativo. “O sea, sería una felonía, un acto criminal, que sería investigado sin necesidad de tener que esperar cinco años”, comentó Ana Danton, activista comunitaria y agente de bienes raíces.