Tres de cada diez homicidios que están ocurriendo en Chile no se están resolviendo. Es grave esta cifra, cuando el uso de armas para cometerlos pasó del 43 % al 60 % en los últimos dos años, sumado al hecho de que el “ajuste de cuentas” irrumpe como un nuevo móvil que expone el auge del crimen organizado.
“El escenario de inseguridad que enfrenta el país tiene que ver, básicamente, con la introducción en Chile desde hace cinco años del crimen organizado”, asegura el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile (ANF), Francisco Bravo, resalto que “la tasa de homicidios es una manifestación, al subir en los últimos 10 años de 2,5 por cada 100.000 habitantes a cerca de un 5,5 por cada 100.000 en el año 2020”. Las estadisticas imponen retos. Según Bravo “el mayor desafío a corto plazo en materia de seguridad es el control del crimen organizado y de las armas. El Estado se debe hacer cargo con una política pública nacional, pero también con una alianza con el mundo privado, de tal manera que en aquellas regiones como la zona norte de Chile se ponga un freno”.
Cada día y cada minuto que transcurre pesa en los índices del país que ahora son responsabilidad del presidente izquierdista, Gabriel Boric. La ciudadania esta autorizada ante la aparición del sicariato, mutilaciones y el uso de la violencia en los robos. Una de las regiones más golpeadas es la de Tarapacá, que pasó de 18 homicidios en 2020 a 54 en 2021, y en lo que va de 2022 ya suma 25, la mayoría de ellos son crímenes cometidos por bandas extranjeras.
Boric enfrenta el reto no solo de lograr disminuir los homicidios que el crimen organizado detona en la Región Metropolitana de Chile, que hasta ahora suma 314 homicidios en su mandato, sino impedir el establecimiento urbano de redes criminales extranjeras.
Drogas, granadas y armas de guerra forman parte de la última incautación en un departamento en la comuna de Estación Central, donde un venezolano fue apresado por la posesión ilegal.
En cadena nacional, Boric prometió que uno de los tres pilares del presupuesto de 2023 será la seguridad: «Destinaremos todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas (…) sabemos que la seguridad pública es un derecho: el derecho a vivir en paz y sin miedo».
Su compromiso, es asignar «recursos extraordinarios para recuperar la tranquilidad de los chilenos y chilenas» con 164000 millones de pesos, lo que equivale a un 4,4%, en comparación con 2022.
También destinará 38000 millones de pesos para desplegar la nueva “Política Nacional Contra el Crimen Organizado”, que fortalecerá la capacidad operativa de las instituciones involucradas en la persecución de las organizaciones criminales, al incrementar en 25000 millones de pesos el presupuesto de los Carabineros de Chile.
Con el plan podría repetir la hazaña de Medellín. La ciudad colombiana redujo 80 % sus casi 1000 homicidios mensuales entre 1991 y 2010, pero el titular de la Asociación Nacional de Fiscales dijo a PanAm Post que “se necesita mayor especialización de la policía y mayor dotación del mayor en el Ministerio público con la creación de una Fiscalía supra territorial de carácter nacional, que enfrente las investigaciones, así como la persecución del crimen organizado”.