El anuncio para legislar una medida que permita pasar a manos del estado el control del área donde se encuentra el centro de entretenimiento Walt Disney World, comienza a tomar camino para convertirse en realidad, luego de que Florida divulgó en un aviso público oficial un proyecto de ley con ese propósito.
En un documento publicado en el sitio web del condado de Osceola, el gobernador floridano, Ron DeSantis, anunció un plan para que el estado tenga control directo sobre la extensa propiedad situada en el centro de Florida, cerca de Orlando, a través de una junta que limitaría la autonomía que ha tenido esa compañía desde hace más de 55 años.
El plan del titular de Tallahassee se llevaría a cabo mediante una propuesta de ley, que se presentaría durante la próxima sesión legislativa del Congreso de la Florida, de mayoría republicana, según informó el viernes la cadena de televisión Fox News.
“El reino corporativo (de Disney) ha llegado a su fin”, dijo a ese medio la directora de Comunicaciones de DeSantis, Taryn Fenske. “Según la legislación propuesta, Disney ya no controlará su propio gobierno, vivirá bajo las mismas leyes que todos los demás, será responsable de sus deudas pendientes y pagará su parte justa de impuestos”.
La legislación también garantizaría que la compañía pague más de 700 millones de dólares en deudas acumuladas por ese distrito, que de acuerdo con fuentes gubernamentales, recaerían en los bolsillos de los contribuyentes del condado de Oceola.
Conforme a la iniciativa, DeSantis quedaría facultado para designar una nueva junta para tener manejo sobre Reedy Creek, el área autónoma actualmente administrada por The Walt Disney Company, que le permite a esa compañía mantener su propia infraestructura y servicios públicos.
Los legisladores de Florida votaron en una sesión especial en 2022 una proposición para disolver todos los distritos especiales como Reedy Creek en Florida, en un plazo fijado hasta junio de 2023.
Creado en 1967, el distrito de Reedy Creek permite a Disney aumentar los impuestos y emitir bonos para financiar sus operaciones comerciales.
El acuerdo con el estado que data de 1967 permite a al distrito supervisar el uso de la tierra y proporcionar servicios públicos esenciales, incluida la protección contra incendios, servicios médicos de emergencia, servicios de agua, electricidad, saneamiento. El distrito también opera y mantiene los caminos y puentes públicos.